La tirantez que domina el escenario económico a pesar del crecimiento, quedó reflejada en el cruce entre el Gobierno y las petroleras, otrora aliados clave de un modelo que parece pedir ya no sólo sintonía fina, sino una abierta revisión, en especial por su incapacidad para frenar la inflación. Los hombres del petróleo no son los únicos que empiezan a hacer reproches en público lo que antes sostenían en privado, y cuestionan el excesivo intervencionismo y la sobreactuación de un gobierno que siempre prefiere buscar culpas en otros antes que responsabilidades propias. Dueños de industrias pusieron el grito en el cielo ante la discrecionalidad otorgada al influyente secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya no sólo para decidir cuáles son los precios que se deben cobrar y qué productos se pueden vender al exterior, sino también qué se puede importar. Es que la industria quiere exportar y producir más, pero para hacerlo necesita insumos que no se fabrican en el país y que es necesario traer del exterior.
La Argentina es un país que no tiene grises, tal vez porque su pueblo siempre se inclinó por figuras políticas fuertes, que jugaron a todo o nada. Así, mientras en los 80 Raúl Alfonsín mantuvo con respirador artificial un Estado con fuerte presencia en todos los sectores económicos, donde para conseguir un teléfono había que esperar años, en los 90 Carlos Menem se fue al extremo de pensar que todo lo público era sinónimo de ineficiencia y así, por ejemplo, destruyó la red ferroviaria y aplicó controversiales privatizaciones.
El kirchnerismo, convencido de que llegó al poder para desempeñar un rol refundador de la Argentina, decidió profundizar un camino fuertemente estatista, que enfrenta la encrucijada de haber sobredimensionado otra vez el Estado en casi todos los órdenes de la economía. Así, sobran los ejemplos de desaguisados que le están costando miles de millones de pesos a la Argentina. La apropiación de los fondos de los jubilados en manos de las AFJP es otro punto que puede volverse oscuro en cuanto haya oportunidad de hacer una auditoría independiente sobre la situación de la Anses. La fabricación de empleo público en forma artificial, el subsidio como herramienta repetida para disimular distorsiones tarifarias, la cristalización del uso de planes sociales ante la incapacidad de las políticas públicas de generar empleo genuino y el uso indiscriminado de fondos públicos, son parte de un mismo problema que la presidenta, Cristina Fernández, deberá abordar en profundidad.
Mucho deberá trabajar la mandataria para tratar de devolverles a innumerables argentinos el concepto de "cultura del trabajo", que el sistema de planes sociales, indispensable tras la crisis de 2001, pero del cual se abusa en la actualidad, destruyó casi por completo en vastos sectores de la población.
La idea de que el empleo es la forma genuina de progreso social se perdió en millones de chicos que hoy ni estudian ni trabajan, no sólo en la Argentina, sino en el mundo en general. El Gobierno no puede hacerlo todo para revertir esta tendencia que es epidemia en Latinoamérica y gran parte del mundo. Pero el rumbo elegido parece contribuir poco y nada para tratar de que al menos haya una oportunidad de no perder parte de una generación a la cual parece haberse convencido de que conviene más sobrevivir con uno o varios planes sociales de "papá Estado" que tratar de salir adelante buscando un empleo.
La verdadera dimensión de este cambio cultural en la Argentina, cuyo principal responsable es el kirchnerismo -pero que tiene más de un padre, como la falta de ejemplos desde el empresariado, el sindicalismo y muchos otros actores- la podrán dimensionar los historiadores y sociólogos en los próximos años. Pero el problema se percibe ahora, y no parece haber demasiado tiempo para analizarlo en el largo plazo cuando, como enseñó el genial Keynes, "estaremos todos muertos".